Un hecho poco o nada conocido por la sociedad española es que la enseñanza es uno de los escasos sectores en el que los trabajadores y trabajadoras públicos cobran mejor salario que el profesorado de privada.
La patronal de la enseñanza privada ha renunciado a atraer a los mejores profesionales en base a ofrecerles unas mejores condiciones de trabajo porque no es en el ámbito de la excelencia del profesorado en el que quiere competir.
Y si eso es así, si los mejores profesionales tratan de aprobar las oposiciones a la función pública decente buscando mejores sueldos, mayor autonomía profesional y mejores condiciones laborales, en qué trata de fundamentar la enseñanza privada su atractivo social?
Algunos centros, particularmente los religiosos, basan su atracción en el ideario. Otros parecen hacerlo en mejores instalaciones o en una oferta educativa diferenciada: clases de idiomas, de informática, de actividades deportivas ….
Clases que en la pública se imparten extracurricularmente.
Pero el principal atractivo de la enseñanza privada, un atractivo del que apenas se habla y que pretende disimularse, es la selección del alumnado basada en sutiles herramientas para rechazar al alumnado potencialmente más conflictivo: emigrantes, alumnado con necesidades educativas especiales y población gitana.
A través de diversos subterfugios se dificulta la admisión de ese alumnado.
Uno de los más denunciados es su política de precios. Al establecer, valga la redundancia, “donaciones obligatorias a fundaciones”, o al cobrar por actividades especiales y extracurriculares que se imparten en horario lectivo están ahuyentando a un importante sector de la población socioeconómicamente desfavorecido.
LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE CENTRO
Cuando esto no basta, cuando los costes inventados no han ahuyentado a la población indeseable, se recurre a manipular los criterios de admisión.
La batalla por la libertad de elección de centro ha sido una de las cortinas de humo usadas para ocultar la segregación. La libertad de elección de centro siempre ha existido. Una familia siempre ha podido escoger el centro al que quería llevar a sus hijos o hijas. El conflicto se producía cuando en algún centro había más demanda que oferta. En esos casos parecía más razonable para la organización familiar y menos caótico para el tráfico urbano escoger como criterio de desempate la cercanía del domicilio familiar al centro. Desaparecido este criterio, la libertad de elección de centro no ha mejorado un ápice y sigue habiendo padres y madres que no consiguen el centro que deseaban aunque ahora ya no sea porque vivan lejos. Y es que, una vez eliminado el criterio de cercanía del domicilio familiar, los centros pueden utilizar el punto adicional, del que disponen a la hora de baremar las solicitudes de admisión, para discriminar. Por ejemplo, una cosa que parece tan razonable como dárselo a quienes han tenido hermanos o hermanas matriculados en el centro, sirve, de paso, para dificultar la matriculación de la población emigrante, recién llegado.
En algunos centros el punto se da a aquellas familias en las que los dos progenitores trabajan. Una medida tan aparentemente social, sirve para quitarse de en medio a la población gitana.
Al final, la verdadera razón por la que determinadas familias escogen un centro privado sea docente o sanitario no es por la calidad del servicio, no es, en nuestro caso, por la enseñanza impartida. Como en el caso de los centros sanitarios, que ni están mejor dotados ni tienen mejores profesionales, lo que vende la privada es exclusividad y elitismo, es clasismo y, si me apuran, racismo. Aunque en el caso de la concertada lo que vendan sea más bien una fantasía para las clases medias, la ficción de la exclusividad, la ilusión de que sus vástagos no se juntarán con la chusma en la misma habitación.
Juan Carlos Jiménez -MCEP Madrid