SUMARIO Kikiriki-65
* Editorial .
El MCEP ante la Ley de Calidad
* Debate
– La participación del alumnado en la evaluación de sus aprendizajes. – Antonio Bretones Román
– ¿Qué papel debería desempeñar el alumnado en la dirección de los centros educativo?. – Enrique Sánchez Rivas
* Dossier
– Multiculturalidad y educación
– A la España del Siglo XXI también llegaron los otros. – Javier Barquín Ruiz y Rafael Jiménez Gámez
– La extraña ambigüedad de la educación multicultural. – Juan José Bueno Aguilar
– La construcción de un currículum democrático para una sociedad multicultural. – Rafael Jiménez Gámez
– Más Otros. – Fermín Barceló
– Multiculturalidad y educación: Algunas claves y propuestas de análisis desde los materiales curriculares de Ciencias Sociales.. – Benjamín Zufiaurre Goikoetxea y Alicia Peñalva Vélez
– Educación Intercultural: Principales retos y requisitos indispensables. – Francesc Carbonell i Paris
– Trabajamos la Inmigración en el aula. Una experiencia desde la formación inicial de maestros y maestras. – Concepción Moreno Baró, Carmen R. García Ruiz, M* Dolores Jiménez Martínez y Socorro Sánchez Morán
– Para conocer mejor la multiculturalidad. – Javier Barquín Ruiz y Rafael Jiménez Gámez
* Tantea
– Terrorismo e Infancia: Una mirada desde la escuela. – Rosario Mérida y Purificación García
– Madres alfabetizadoras en audiovisuales. – Antonio Bautista García-Vera
– Las pinceladas de los niños. Los “peques” también somos artistas. – Carlos J. Arribas, Rocío Bernáidez y Elena Pineda
* Escuela Moderna
– ¡Qué nos define como Colectivo Freinet!. – Carmen Eugenio Baute
* Arte y escuela
– Reflexiones artísticas sobre el aprendizaje del dibujo y la pintura en la Pedagogía Freinet. – M* José Bellido Jiménez
* Animación a la Lectura
– Lectura y procedimientos lingüísticos. – José García Oliva
* Comentamos
– Biblioteca del docente …
EDITORIAL El MCEP ante la Ley de Calidad
El Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP) en su XXX Congreso, celebrado en Toledo del 4 al || de julio de 2002, manifiesta ante la opinión pública su rotundo rechazo a la “Ley de Calidad”. Denuncia la campafia mediática iniciada por la Administración hace algunos años dirigida a crear un estado de opinión favorable a un cambio legislativo de toda la estructura del actual sistema educativo, que no está respaldada por ningún dato objetivo, sino que obedece a una concepción ideológica que pretende restringir el derecho que toda persona tiene a una educación de calidad. Es evidente que hay que mejorar ciertos aspectos del sistema educativo y que hay que introducir cambios para que esto ocurra. Pero estos tendrían que estar respaldados por una evaluación en la que debe intervenir toda la Comunidad Educativa, teniendo en cuenta al mismo tiempo la diversidad de todas las realidades existentes en el Estado Español y desde ese respeto abordar los cambios precisos para mejorar el Sistema Educativo.
Sobre los principios. [
Denunciamos el carácter demagógico que preside la redacción de los principios de calidad del sistema educativo y la utilización de un lenguaje sexista que invisibiliza a las mujeres. Incumpliendo con ello, incluso las propias normas del MECD y de la Unión Europea, sobre el uso no sexista de la lengua. La impresión general es que se han querido utilizar unos términos biensonantes, sin la intención de plasmarlos posteriormente en unas propuestas de actuación coherentes. Dicha impresión procede de las contradicciones internas dentro del mismo artículo primero.
* Así, el término equidad se intenta explicar con una frase que lo contradice: la verdadera equidad no parte de la igualdad de oportunidades, sino que intenta compensar las desigualdades de origen. No hay mayor injusticia que considerar iguales a las personas que son profundamente desiguales.
* Los valores no se transmiten sino que se construyen, se elucidan, se proponen, se debaten… para que puedan ser asumidos por las nuevas generaciones. Tampoco se transmiten los aprendizajes de ningún tipo. La terminología utilizada en el documento nos remite a un modelo de educación transmisiva y reproductora.
* La autonomía que se propone entra en franca contradicción con la potenciación de la función directiva.
Las contradicciones son todavía mayores entre la redacción de este artículo y las propuestas concretas recogidas en otros:
Si aquí se habla de una educación permanente y para toda la vida, no se entiende la posterior obsesión por los aprendizajes terminales.
La reiteración excesiva de términos como responsabilidad, esfuerzo, etc. hacen pensar en una concepción de la educación como proceso organizado desde fuera, en lugar de una actividad apasionante que surge de la iniciativa y el protagonismo de las personas y de los grupos que son los sujetos y deben ser los protagonistas de su propio aprendizaje.
Sobre la Estructura del Sistema Educativo.
Esta ley acaba de un plumazo con los aspectos positivos de la heterogeneidad, reflejo de la situación social, resultado de la escolarización generalizada hasta los 16 años, favoreciendo en contraposición la segregación en itinerarios y la formación de grupos homogéneos; solución ya experimentada en el pasado y abandonada por resultados devastadores en alumnado y profesorado. No debemos permitir un retroceso en estos aspectos. Existen respuestas adecuadas y diversas de atención a todo tipo de diferencias, que deben ser financiadas adecuadamente.
Por otra parte, esta ley que dice mejorar el Sistema Educativo, se olvida de implicar a todas las personas que forman parte de él. No hace referencia a cambios que deben realizarse por parte de todos los sectores que componen la Comunidad Educativa, pasando por alto su implicación.
Es chocante descubrir que después de conocer una ley como la LOGSE, con principios educativos y sociales desarrollados coherentemente, aunque no siempre llevados a la práctica, tengamos que asistir a la suplantación de términos e intenciones tan claros como el desarrollo de capacidades por el de conocimientos puros y duros, o el olvido de valores, currículo integrado … etc, por el de áreas, pruebas, reválidas … etc.
Sobre la Función Docente.
La Ley de Calidad contempla la formación del Profesorado desde una perspectiva cientifista, como si la solución de los problemas que aquejan a la enseñanza provinieran de presuntas carencias en sus conocimientos científicos, cuando es bien sabido que la clave no está en qué transmitir sino en cómo lograr que el alumnado aprenda.
En su articulado se aprecia una sobrevaloración del papel de la Dirección de los centros y una magnificación de la función de los servicios de orientación.
Los artículos referentes a la formación inicial del profesorado no incluyen ningún cambio relevante, son un maquillaje lingüístico de lo que ya hay sin contemplar la reivindicación de los enseñantes sobre la titulación de licenciaturas para el profesorado.
Se aborda la evaluación de la función docente desde el exterior de la realidad de los centros, ignorando al Claustro y limitando el papel del alumnado y las familias. La evaluación deja de ser una herramienta para mejorar la labor educativa, para convertirse en un mecanismo de promoción económica del profesorado.
Se ignoran las posibles soluciones colectivas a los problemas de la enseñanza en el contexto real de cada centro, para considerar las actuaciones individuales de profesores que se premian, si la evaluación es positiva según los criterios tecnológicos de la administración, con la apertura del abanico salarial y su correspondiente efecto perverso en el clima del claustro; así como con mejores condiciones de movilidad que podrían facilitar el abandono de los centros de contextos más problemático.
Se incluyen en la Ley aspectos que preocupan al profesorado como las reducciones de jornada a mayores o la asistencia jurídica en un alarde propagandístico que más parece enfocado a contentar al profesorado con una declaración de intenciones que a construir un marco de trabajo adecuado.
Sobre la organización y dirección de Centros.
El MCEP considera que el dinero público debe invertirse en una escuela pública que garantice una educación de calidad para toda la ciudadanía.
Reivindicamos una escuela pública financiada con fondos públicos, administrada por organismos públicos democráticos, gestionada por la comunidad educativa, caracterizada por la laicidad y pluralidad ideológica.
Asi mismo, denunciamos el ataque a la democracia y la autonomía de los centros educativos que supone la pérdida de competencias del consejo escolar que pasa a ser un órgano meramente consultivo, trasladándose toda la capacidad de decisión al equipo directivo y a la propia administración educativa.
Sobre la Evaluación del proceso educativo y la Inspección.
Se hace expresa referencia a la evaluación de todo el sistema educativo y sin embargo, a lo largo del articulado, la evaluación sólo se contempla en los aprendizajes en áreas, asignaturas y competencias básicas del currículo.
En lo referente a la inspección educativa, el planteamiento que hace esta ley es el de una inspección controladora. El control de unos currículos homogéneos decididos fuera del ámbito escolar y la aplicación de estos, se convierten así en la función principal de una inspección que debería de estar al servicio de la Comunidad Educativa, apoyando e impulsando todos los proyectos que mejoren la calidad de la educación.
En definitiva, se pretende crear una idea de participación democrática, cuando en la práctica el Gobierno se reserva el derecho a legislar y las Comunidades Autónomas quedan como consultivas y ejecutoras de los planes elaborados por el Gobierno Central, lo que sólo puede conducir a la homogeneización del sistema educativo.
El Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP) seguirá apostando por una escuela pública para todas las personas sin exclusiones, que acoja y respete toda diversidad humana, como garantía de una sociedad justa, cohesionada y plural.